Tras la modificación legal de la ley de morosidad, las instituciones tienen treinta días para aprobar la factura y otros treinta para su abono. Con estamedida se facilitan los cosas a los distintos organismos públicos, que tenían complicaciones para cumplir con el periodo único de treinta días vigente con anterioridad para el pago de esas facturas desde su presentación en la Diputación, de conformidad con la anterior redacción de la Ley por la que se establecían las Medidas de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales.

El pleno de la Diputación aprobó este viernes el informe conjunto elaborado por el interventor y el tesorero sobre el cumplimiento del plazo previsto para el pago de las obligaciones, y que constata que la institución no ha realizado ni un solo abono fuera de ese plazo, ni ha tenido que pagar ni un solo euro por intereses de demora.